EL DEBATE COMO COARTADA

Ni es tan light como la pintan. Ni tan inocua como, con lamentos incluso, quieren presentarla. Nadie habla de privatizar, es cierto, menos todavía de hacerlo de un tajo, pero así se empieza.

Aunque Felipe Calderón se queja de que su iniciativa se quedó corta y no abrió espacio suficiente a la participación privada en PEMEX lo cierto es que –habida cuenta de la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, el respaldo de la Iglesia y del poder del dinero- el gobierno panista de la mano del PRI, ha iniciado un proceso que amenaza con tornarse irreversible, por lo menos en los foros y con los usos y costumbres legislativos tradicionales, de privatización de la industria petrolera.

Más allá de su aparente resignación con lo obtenido, en este esfuerzo consistente por “aligerar” la reforma, lo cierto es que el paquete de medidas que Calderón propone va más allá de procesos de reorganización de la paraestatal o de tímidos avances dentro de la misma del capital privado. Trasciende también la discusión de leyes reglamentarias. Sin plantearlo de frente a lo que se apunta es a un cambio profundo en lo que hasta ahora establece el artículo 27 Constitucional.

Nada se habla, por cierto, en la propuesta gubernamental, de la estela de corrupción sindical que ha lastrado el desarrollo de PEMEX ni de sus vasos comunicantes con el mundo del stablishment político y menos todavía del sector privado. Ni una palabra tan solo del corporativismo, piedra fundacional del antiguo régimen y condición de posibilidad de su retorno.

Dan así el PAN y el PRI pues con esta iniciativa previamente acordada y pese a su continua y exaltada profesión de fe en el control nacional de los hidrocarburos, un paso que, en tanto sumisos ahora en materia petrolera, al menos en grado de tentativa, nos vuelve aun más vulnerables en el complejo entorno regional (“tan lejos de Dios, tan cerca de EU” decía Porfirio Díaz), que pone en riesgo el patrimonio de todos los mexicanos y que puede conducirnos a una profunda fractura de la paz social en el país.

Como estrategia de validación social de su proyecto que podría muy bien calificarse como de privatización enmascarada, tanto los dirigentes parlamentarios del PRI y el PAN como funcionarios en los distintos niveles del Gobierno Federal, utilizan ahora, una perentoria y limitada (aunque muy publicitada) invitación al debate nacional sobre el tema.

“Hay que entrar con la de ellos –aconsejaba San Ignacio de Loyola- para salir con la nuestra”. Así las cosas el debate sobre la Reforma Energética -una demanda reiterada de la izquierda- se torna ahora, en manos del gobierno y sus aliados, sólo coartada y herramienta propagandística para colocar, ante la opinión pública, a los adversarios al proceso de privatización, en la posición de provocadores, de necios, de intolerantes y dar así la puntilla a un ya de por sí agudo proceso de desgaste y descalificación de la izquierda. Proceso que esta misma por cierto, con sus propios e inexcusables yerros, ha llevado al extremo.

Que Beltrones o Calderón (este ultimo lo trae en su mismo ADN partidario) tengan prisa o compromisos que les hagan apretar el paso en el camino de la privatización no puede justificar, de ninguna manera y dada la importancia del asunto, que se pase por alto un profundo y extendido proceso nacional de verdadera discusión y debate.

Un proceso que vaya más allá, insisto, del mero ardid propagandístico. Del ultimátum público destinado a arrancar un “no” obligado, por el sesgo mismo del debate, al adversario y exhibirlo así ante la opinión pública: está en juego el futuro del país no el de una administración, tampoco el de un proyecto económico determinado. Está en juego la paz.

Una reforma tan profunda que, de producirse, habría de revertir una de las más importantes conquistas sociales de nuestra historia, no pasará, conviene tomar conciencia de esto, aunque haya sido astutamente pactada en los pasillos de palacio, sin alteraciones sensibles y duraderas a la paz.

No puede, en este país y otra vez a punta de aplastantes campañas publicitarias, que se pagan además con recursos públicos, seguirse apostando a la simulación, al perverso juego de olvido, indiferencia y conformidad con el que nuestros políticos suelen domar a la ciudadanía y aplacar sus protestas.

Acostumbrados, como están, a hacernos comulgar con ruedas de molino se equivocan de palmo a palmo si piensan que habrá de suceder otra vez lo mismo de siempre. Hay un proceso de acumulación de afrentas que, mucho me temo, puede estar a punto de alcanzar su límite máximo de tolerancia.

Toca pues al poder y a sus socios mirar hacia la otra orilla del país. Es imperativo que lo hagan, digo, antes de que la distancia entre ambas orillas se vuelva intransitable.