DE MENTIRAS Y PLAZOS FATALES

Aunque comparto y entiendo la indignación que se respira en amplias capas de la sociedad por la impunidad con la que los criminales siguen operando y la brutal ineficiencia de las autoridades para combatirlos, creo que es preciso y urgente no permitirnos caer víctimas de esa contagiosa histeria que conduce, por un lado, a los ciudadanos a buscar culpables por doquier, a exigir que caigan cabezas indiscriminadamente y, por otro, mueve a las autoridades a prometer soluciones, a ofrecer el cumplimiento de compromisos inalcanzables por naturaleza y menos en plazos perentorios y a mentir descaradamente.

El enorme dolor de unos cuantos, de esos que han perdido a sus hijos, puede volverse en manos de los medios y en medio del clima de incertidumbre, vacío de legitimidad y conservadurismo galopante en que vivimos, el detonador de una perniciosa dialéctica –impulsada desde las élites- que nos conduzca a la demolición de lo poco que queda en pie de las instituciones. Miedo y mentiras asociados son letales para cualquier sociedad.

No todos los mandos, ni todos los policías son corruptos. Tampoco los son todos los funcionarios o todos los agentes del MP. Hay, en los cuerpos policíacos y en las procuradurías, quienes intentan cumplir con su deber; quienes tienen el valor de ir contra la corriente y con riesgo de su vida y la de sus familiares, resisten los embates de la delincuencia y no ceden ante la ley de “plata o plomo”. De todas maneras a esos pocos los cubre el oprobio y el desprestigio de una condena pública inapelable.

Vestir el uniforme, portar una placa – más en estos tiempos de indignación y rabia- los convierte en blanco de la burla y el desprecio ciudadano. La presión creciente e indiscriminada sobre ellos acaba erosionando su disposición de combate, su moral, su resistencia. Lo que no pudo el crimen con sus amenazas lo logra el tenaz señalamiento de la sociedad que hace así, triste paradoja del “si no pueden renuncien” y su secuela, carente de matices, en los medios, un flaco favor a los delincuentes.

No bastan, por otro lado, 100 o 600 días para erradicar una enfermedad endémica del sistema político y social mexicano. Quien eso sostiene miente. Quien eso espera es un ingenuo. Quien eso hace termina de minar a la autoridad. Urgido de legitimidad, buscando como siempre resolver problemas de imagen pública, el gobierno federal se lanza a mentir con escándalo, cinismo y descaro. No es con sainetes públicos, ni sesiones solemnes y discursos o listas interminables de buenos propósitos como habrá de enfrentarse al crimen. Más cuando éste ha sido por décadas una especie de segunda piel del sistema.

Atenazados unos por el miedo y la indignación, temerosos los otros del castigo en las urnas; poder y ciudadanía –hablo sobre todo de las élites- se embarcan en un proceso, que puede conducirnos a una restauración –y con patente de corso democrática además- del autoritarismo. La gente de la calle a la que asaltan en la pesera, la que cae en los fuegos cruzados del narco, cuyas hijas mueren violadas en las barrancas de Naucalpan sin merecer ni una línea ágata en los periódicos, esa gente que atestigua enmudecida las tragedias de los señores y presencia escéptica las promesas de los altos funcionarios, puede –resultado de la presión de las élites- terminar votando a quien prometa “mano dura”. Así, en un ambiente volátil, en un clima de inseguridad y violencia, ganó, por amplísimo margen, Adolf Hitler las elecciones en la Alemania sacudida por la crisis del 29.

Tan amigo de lo “estructural” –por lo menos cuando se trata de hablar de reformas neoliberales- Calderón y los suyos, parecen olvidar que el crimen en este país, además de los factores económicos, sociales y culturales que lo hacen crecer y reproducirse en otras sociedades, es hijo natural del régimen autoritario. Que la ineficiencia de la policía tiene que ver con el hecho palmario de que la corrupción en México fue instituida como método de gobierno y la impunidad como garantía de continuidad. Aquí se robaba, se extorsionaba, se secuestraba, se asesinaba desde el gobierno y muchas veces los sicarios portaban uniforme y placa. Gobernar era medrar, mandar delinquir; las instituciones no servían a la república; se servían de ella.

Vicente Fox desperdició una oportunidad de oro; traicionó el mandato que el pueblo le diera; construir la democracia, refundar las instituciones, dar salud, vigor y seguridad a la nación. Tal como hizo el borracho de Yeltsin en Rusia, Fox terminó entregando el país a la mafia. Del autoritarismo que delinque desde el poder, al crimen que se impone sobre el poder que carece de la legitimidad necesaria y suficiente sólo hay un paso, que, mucho me temo, ya dimos. ¿Cómo entonces salimos del atolladero?