EL AFFAIRE ARISTEGUI: UNA CONCESIÓN EN MANOS EXTRANJERAS

“Si se calla el cantor calla la vida”

Horacio Guarany





Mal comienza el año sin la voz de Carmen Aristegui todas las mañanas en la radio. Al tiempo que atentan contra la libertad de expresión al cerrar un espacio informativo, que era ya referencia obligada y tanto que se volvió la fuente de muchos titulares de la prensa escrita, los directivos de XEW se pegan un tiro en la sien. Allá ellos, sin embargo, si quieren suicidarse. Qué más da que decidan, en un acto insólito de estupidez editorial y comercial, dar una bofetada a su audiencia, mandarla al carajo y traicionar sus propios objetivos. Qué más da que se queden sin un “éxito” de esa magnitud y se den el lujo de perder una posición protagónica en el cuadrante como la que Carmen Aristegui y su equipo habían conquistado en pocos meses. El asunto que realmente importa no es la naturaleza del desacuerdo entre la periodista y la empresa y sus efectos en el rating y la facturación de la emisora, que habrán de ser muchos y de muy alto costo, sino el hecho de que los directivos de PRISA, que saben muy bien los alcances de su decisión y también la magnitud del “favor” que hacen al poder, desconocen y desdeñan la profundidad del agravio que en contra de muchos mexicanos han cometido.

No es trivial en este país y en estos tiempos y peor todavía en medio del intenso debate sobre las amenazas a la libertad de expresión, tomar la decisión empresarial de cercenar de esta manera un espacio informativo. Las razones corporativas, el éxito en otros países del modelo editorial que se pretende poner en práctica, la negativa aparente de Carmen a plegarse a esos criterios, no son ni suficientes, ni creíbles, ni mucho menos satisfactorias para los muchos ciudadanos que habíamos constituido en torno a ese programa, a fuerza de avidez informativa, costumbre y puntualidad, una verdadera comunidad. Hay espacios en los medios de comunicación, como el de Carmen Aristegui, que se tornan imprescindibles, cobran vida propia y se vuelven de alguna manera una especie de patrimonio de la sociedad. El concesionario debe estar consciente de esto y actuar en consecuencia. No puede simplemente sacar el sable y cortar cabezas.

Los empresarios de los medios masivos de comunicaron además de hacer negocio tienen la obligación de prestar, con ese bien público concesionado, servicios a la comunidad. Uno de esos servicios; vital por cierto, es el de la información periodística. Desgraciadamente las corporaciones han tomado por costumbre usar los noticieros como arma política y establecer criterios editoriales que tienden mucho más a favorecer los bolsillos e intereses de los dueños del medio que las necesidades de la sociedad. No se puede, ni debe, silenciar así, nomás, de un plumazo, a quien se ha destacado tanto y de manera tan brillante y consistente en su labor periodística como Carmen Aristegui. No se puede, ni se debe callar, a quien, además, ha servido al mismo tiempo a la empresa que la contrató como al público que la escucha. No se puede, digo, hacer algo así –aunque se hace frecuente e impunemente- sin atentar contra la naturaleza misma de la responsabilidad que implica operar una concesión.

Los señores de PRISA tienen que rendir cuentas por esta acción de censura; porque más allá de todo eufemismo y dada la naturaleza del programa de Carmen, de eso se trata: de un acto de censura. Carmen habla sin tapujos; persigue los hechos con tenacidad ejemplar; no puede ni sabe callar lo que otros por supeditación a los intereses corporativos, conveniencia y complicidad callan. Carmen es incisiva en la entrevista, atinada en el comentario, incómoda para el poder; pero de eso se trata el periodismo; de establecer un contrapeso, de brindarle armas a la sociedad para que ella misma lo establezca.

“A mí que me esculquen” dice Juan Ignacio Zavala y en efecto de eso se trata. De exigir a la administración de la XEW, de exigir a PRISA, que rinda cuentas de sus actos. Es la hora de saber por qué artes un medio de comunicación es operado por una empresa extranjera. La constitución, se supone y no tengo noticias de que haya sido modificada, establece el control nacional sobre el espacio radioeléctrico. Las empresas españolas son expertas -ahí está el caso de Francisco Gil y Telefónica- en encontrar fórmulas jurídicas para sacarle la vuelta a estas disposiciones. Esta situación irregular, por decir lo menos, los coloca en una condición de vulnerabilidad permanente ante el poder y los hace proclives a prestarle favores. Favores, como cortarle la cabeza a Carmen. Por más que se hable ahora de la “reconquista” y el Gobierno doble la cerviz ante las empresas españolas empeñadas en esta innoble tarea, no nos toca a nosotros hacer lo mismo. Va pues para Carmen y su equipo, de parte de Verónica también, un abrazo solidario.